López Obrador denuncia que trece grandes contribuyentes deben al fisco casi 130 mil millones de pesos

En su conferencia matutina de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer un revelador informe sobre la deuda fiscal de trece grandes contribuyentes, quienes en conjunto deben cerca de 130 mil millones de pesos a la Hacienda Pública. El mandatario acusó a los jueces de frenar injustificadamente los procesos judiciales para recuperar estos recursos, poniendo en tela de juicio la eficiencia del Poder Judicial en el manejo de estos casos.
López Obrador presentó detalles sobre los casos de empresas y entidades con significativas deudas fiscales que han sido llevadas a los tribunales, pero que hasta la fecha enfrentan retrasos en sus procesos judiciales. El presidente denunció que, en promedio, los casos llevan detenidos 159 días en el Poder Judicial, lo que él considera un obstruccionismo que impide que se haga justicia y se recupere el dinero que debería ser destinado al bienestar público.
El primer caso expuesto por el presidente es el de una empresa de transportación aérea con una deuda fiscal de 33 mil 495 millones de pesos, una suma que, según López Obrador, equivale al presupuesto de un estado mexicano. Este caso fue enviado al Poder Judicial el 3 de octubre de 2022, pero la primera audiencia se otorgó hasta 195 días después, el 16 de abril de 2023.
Otro ejemplo mencionado por el presidente es el de una refresquera con una deuda de 22 mil 701 millones de pesos, que esperó 210 días para recibir una fecha de audiencia. López Obrador también citó el caso de una chatarrera con un adeudo de 19 mil 860 millones de pesos, cuyo proceso ha estado detenido durante 709 días sin que se haya convocado a una audiencia desde que se presentó el caso el 9 de agosto de 2022.
Además de estos casos, el presidente López Obrador detalló otras importantes deudas fiscales:
- Una cementera con una deuda de 15 mil 408 millones de pesos.
- Una minera con un adeudo de 11 mil 420 millones de pesos.
- Dos despachos contables, legales y de nóminas, uno con 7 mil 645 millones de pesos de deuda y otro con mil 780 millones.
- Una firma acerera con una deuda de 5 mil 693 millones de pesos.
- Una compañía petrolera privada con un adeudo de 5 mil 460 millones de pesos.
- Una empresa alimenticia con una deuda de mil 973 millones de pesos.
- Una gasolinera con una deuda de mil 391 millones de pesos.
- Un equipo de futbol con un adeudo de mil 271 millones de pesos.
- Tiendas departamentales que deben mil 88 millones de pesos en total.
Estos adeudos suman un total de 129 mil 185 millones de pesos, una cifra considerable que, según el presidente, debería ser utilizada para el financiamiento de programas sociales y el desarrollo del país.
López Obrador no escatimó en críticas hacia el Poder Judicial, cuestionando la falta de acción en estos casos y comparando la situación con la de Ricardo Salinas Pliego, un empresario cuya deuda fiscal ha sido, según el presidente, manejada con una lentitud sospechosa por el sistema judicial. ¿Cómo va a estar bien el Poder Judicial así? ¿Para quién trabajan?, se preguntó el mandatario en su conferencia.
El presidente también criticó el actuar de algunos jueces que, a su juicio, actúan con retrasos intencionados, obstruyendo la justicia y favoreciendo a los grandes contribuyentes morosos en detrimento del interés público. Esto es dinero del pueblo de México. Entonces vamos a seguir solicitando al Poder Judicial que resuelva esto, afirmó López Obrador.
Con este panorama, el presidente ha dejado en claro su postura firme contra las irregularidades en la administración de justicia fiscal y ha convocado a una revisión más rigurosa de los procesos judiciales relacionados con la deuda fiscal. La denuncia de López Obrador resuena en un contexto en el que se espera una respuesta efectiva de las autoridades judiciales para asegurar que se recuperen los recursos adeudados y se promueva una mayor equidad en el sistema tributario.
Algunos analistas sugieren que la situación expuesta por el presidente podría ser un catalizador para una reforma en el sistema judicial, con el objetivo de acelerar los procesos fiscales y garantizar que las grandes corporaciones cumplan con sus obligaciones tributarias.