Un año en la calle: Afectados de República de Argentina 110 exigen justicia
Mañana, 17 de agosto, se cumplirá un año desde que 42 familias, que residían en los 16 departamentos de la casona ubicada en República de Argentina 110, fueron violentamente desalojadas de su hogar. La madrugada del 17 de agosto de 2023, sujetos desconocidos irrumpieron en el edificio, despojando a los residentes de dinero, pantallas de televisión, herramientas y otras pertenencias.
Desde entonces, los afectados han establecido un campamento en el callejón de República de Ecuador. En un intento de protegerse de la inseguridad y las inclemencias del clima, han cubierto sus pertenencias con pedazos de triplay, lonas, cajas de cartón y cobijas, e incluso han colocado una reja con candado para resguardarse.
El proceso legal ha avanzado lentamente. Los residentes han presentado denuncias por fraude procesal y despojo, y han promovido amparos para recuperar el inmueble. Sin embargo, hasta ahora, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) local no ha proporcionado información significativa sobre los avances en la investigación. Además, el supuesto propietario del inmueble, Arturo Gutiérrez López, y la arrendataria María Luisa Salas, han resultado ser figuras desconocidas en el barrio y no han sido localizados en las direcciones que proporcionaron.
Óscar Kin Rubio, quien ha residido en el edificio durante 20 años, ha denunciado que, tras el desalojo, el inmueble fue asegurado por la FGJ, pero sufrió daños significativos. Según Rubio, se demolieron muros, se quitaron barandales y los locales comerciales de la planta baja se extendieron hacia los departamentos.
Los afectados han hecho un llamado al gobierno y a la FGJ para que se esclarezca la situación y se deslinden responsabilidades. "La exigencia al gobierno es recuperar nuestra vivienda y desenmascarar a esta red de corrupción. No somos solo números, somos vidas que se han visto gravemente afectadas", afirmó Rubio. El impacto emocional y económico ha sido devastador para las familias que han tenido que adaptarse a condiciones de vida extremadamente precarias.
El inmueble, expropiado en 1981 para un proyecto de vivienda y nuevamente expropiado en 1985 tras el sismo, ha sido un foco de disputas y falta de avance desde el fallecimiento de la anterior propietaria, Paz Martínez.
Mary y su esposo Guillermo, quienes vivieron 38 años en el edificio, han adaptado un pequeño espacio en su campamento para trabajar y sobrevivir. Utilizan una máquina de coser comprada en el año 2000 para confeccionar bolsas y mochilas, y se enfrentan a problemas como la falta de higiene y el riesgo de enfermedades debido a la presencia de ratas.
Araceli Morán, quien residió en el lugar durante 45 años, expresó la frustración de la comunidad por la falta de respuesta del gobierno. Este sábado, los afectados realizarán una comida en su campamento para mostrar su resistencia y unidad en la lucha por justicia y recuperación de sus hogares.
Mientras tanto, la situación sigue sin resolverse, y las familias continúan esperando respuestas y acciones efectivas para recuperar sus viviendas y restaurar la dignidad y seguridad que les fue arrebatada hace un año.