Senado aprueba reforma que otorga facultades a la Secretaría de Seguridad Pública para investigar delitos
La reforma establece un nuevo marco legal para la actuación de la SSPC, permitiéndole asumir un papel más activo en la investigación de delitos y en la lucha contra las organizaciones criminales
El pleno del Senado de la República aprobó el pasado miércoles 13 de noviembre una reforma constitucional que otorga a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana la facultad de investigar delitos, fortaleciendo así el marco jurídico en materia de seguridad pública en México.
La reforma, respaldada por unanimidad con 120 votos a favor, fue avalada en lo general y en los artículos no reservados del dictamen que modifica el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La iniciativa, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, había sido aprobada previamente en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos Primera y Seguridad del Senado el lunes 11 de noviembre.
Con esta modificación, la SSPC, bajo la dirección de Omar García Harfuch, podrá coordinar y participar activamente en las investigaciones de delitos, con el objetivo de fortalecer las capacidades del gobierno para enfrentar la creciente ola de violencia y criminalidad en el país.
Detalles de la reforma
La reforma al artículo 21 constitucional establece que la SSPC tendrá la responsabilidad de coordinar el Sistema Nacional de Inteligencia en materia de seguridad pública, lo que le permitirá acceder a información clave para la investigación de delitos y el combate a las organizaciones criminales.
Además, la Secretaría podrá coordinarse con los tres niveles de gobierno para fortalecer los esfuerzos de seguridad y garantizar la colaboración de las instituciones responsables de la seguridad pública a nivel federal, estatal y municipal.
Uno de los puntos clave de la reforma es el refuerzo de los instrumentos jurídicos que dotarán a la SSPC de mayores atribuciones para investigar y procesar la información relacionada con actividades delictivas. La medida busca optimizar los recursos y capacidades de las autoridades encargadas de la seguridad, mejorando la coordinación y la respuesta ante situaciones de emergencia y crisis de seguridad.
Apoyo y reservas de la oposición
A pesar del amplio consenso, la reforma no estuvo exenta de discusión. Desde la oposición, especialmente el Partido Acción Nacional (PAN), se expresaron críticas, aunque en su mayoría manifestaron su apoyo a la iniciativa. El senador Ricardo Anaya argumentó que pacificar México requiere una estrategia de investigación "bajo la coordinación de un mando civil", en la que la SSPC juegue un papel central.
Anaya también destacó la necesidad de desmantelar las organizaciones criminales, señalando que simplemente desarticularlas sin investigar sus redes y estructuras de poder no resolvería los problemas de fondo.
El excandidato presidencial anticipó que durante el debate sobre la reforma, el oficialismo podría sacar a relucir el caso de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública condenado en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico. A pesar de sus críticas a la estrategia de seguridad del gobierno, Anaya reconoció la importancia de recordar este tipo de situaciones para evitar que se repitan en el futuro. "Está bien, hay que recordarlo para que no se repita", indicó, aunque también pidió una reflexión crítica hacia la fallida estrategia de "Abrazos no balazos".
La aprobación de esta reforma representa un paso significativo en el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la seguridad en México. No obstante, las reacciones tanto en el Senado como fuera de él reflejan las tensiones y preocupaciones que persisten en torno a la estrategia de seguridad del gobierno federal.
La reforma también abre el debate sobre la centralización de las funciones de seguridad en una única dependencia, lo cual puede generar tanto confianza como inquietud en distintos sectores de la sociedad y la política.